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LEY CELÁA: EL CASTELLANO EN PELIGRO

Es imposible haber abierto un periódico, haber visto un telediario o haberse metido en las redes sociales estas últimas semanas sin haber leído la palabra “castellano”. Y es que una de las características que más destacan es la no obligatoriedad del Castellano. El 4 de noviembre, durante el debate de la Ley Celaá en el Congreso de los Diputados, PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaron una enmienda por la que el castellano dejará de ser la lengua vehicular en el sistema educativo. Es decir, cada Comunidad Autónoma podrá determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. A esto le sumamos el hecho de que la Ley Celaá no prevé ninguna prueba homogénea para evaluar el nivel de castellano en toda España. Efectivamente, homogénea, ya que a los estudiantes catalanes la Generalitat les puede pedir conjugar verbos en pretérito … y en la comunidad de Murcia pueden pedir el análisis sintáctico de oraciones subordinadas .

Y dan ganas de preguntarse: ¿Cómo es posible esto? ¿En qué momento nos parece acertado fiarnos de la buena voluntad de la Generalitat o del País Vasco para que evalúe el nivel de lengua castellana de los alumnos? Recordemos que el informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) del 2019 sacó a la luz que “el castellano no es una lengua vehicular en las escuelas públicas de esa comunidad y no cumple con el mínimo de 25 % de horas en castellano impartidas en asignaturas troncales”, el mínimo que dictaminó el Tribunal Constitucional.

Es comprensible que se deba respetar la lengua co-vehicular de la comunidad en cuestión, pero no se puede permitir que en las escuelas públicas no se estudie el segundo idiomas más hablado del mundo, que es el Español, castellano en nuestro caso. Eso implica privar de oportunidades a miles y miles de niños que no saldrán con unas bases suficientemente sólidas de castellano, pero sí de catalán o de vasco, por ejemplo. De mucho les servirá cuando salgan de sus respectivas comunidades…

Este “atropello del castellano”, calificado así por los partidos de la oposición y la opinión pública, solo se puede entender como una pura estrategia política por parte del ejecutivo. Concediéndoles este poder de decisión a sus socios de investidura, especialmente a los partidos separatistas, se aseguran más fácilmente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Negociación que ya empieza a arrastrar con cierta pesadumbre el Gobierno. Ciudadanos, Partido Popular y VOX ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo esta ley y la llevarán a Europa si hace falta.

 

Pablo Macia Planelles

 

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