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UN RECORRIDO POR EL INFORME FISCAL DE JUAN CARLOS I

Juan Carlos I rey emérito de España está nuevamente en el punto de mira de la fiscalía Anticorrupción tras haber sido detectada una posible fortuna oculta en la isla de Jersey. Esta investigación se suma a otros dos frentes judiciales en su contra que continúan abiertos.

Antes de profundizar en estas investigaciones, cabe recordar cuál es la situación jurídica del antiguo monarca. Este pierde la inviolabilidad que se reconoce al Jefe de Estado tras su abdicación en 2014. Sin embargo, la Constitución le concede el aforamiento. Esta condición le permite ser juzgado por un tribunal superior y no por uno ordinario como sería el caso para la mayoría de ciudadanos.

Fuente: El País

¿Fortuna oculta?

Las alarmas saltaron cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, detectó recientes movimientos sospechosos en una cuenta activa en la Isla de Jersey. Se habría trasvasado una cantidad de casi 10 millones de euros en 2005 a esta cuenta, perteneciente a un trust en el cual Juan Carlos de Borbón figura como beneficiario. Un informe fue redactado e inmediatamente trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Poco después, se anunció la intención de la Fiscalía del Tribunal Supremo de abrir una investigación por blanqueo de capitales.

La investigación se encuentra aún en una “fase embrionaria”. La Fiscalía cuenta por el momento únicamente con el informe realizado por SEPBLAC, que deberá ser completado progresivamente . Es por ello que las informaciones proporcionadas hasta ahora han sido escasas e imprecisas. Faltan por determinar la gravedad, es decir, si se considera infracción fiscal o delito, las personas involucradas y el alcance temporal. Este último dato es muy trascendente ya que desvelará si los hechos cometidos son posteriores o no a su abdicación, y por lo tanto si está protegido o no por la inviolabilidad que le garantizaba la Constitución en el momento de los hechos.

 

Otros dos frentes judiciales abiertos

La investigación más antigua que acecha a Don Juan Carlos es la relativa a las supuestas comisiones ilegales del AVE en la Meca, que hace referencia a la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad uniendo las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí. La construcción fue adjudicada por las autoridades saudíes a un consorcio de empresas españolas en 2011. El problema reside en dicha adjudicación. Retrocedamos al origen : una conversación grabada y difundida en 2015 por el ex comisario José María Villarejo con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, persona muy cercana al monarca emérito. En esta conversación Corinna afirma que la adjudicación a empresas españolas habría implicado un pago de comisiones ilegales de hasta 80 millones de dólares de las que Juan Carlos I pudo haberse beneficiado. La Fiscalía suiza confirmó que 100 millones de dólares habían sido trasvasados por el rey saudí a una cuenta en el banco suizo Mirabaud. El titular de la cuenta era una sociedad panameña en la que Juan Carlos figura como beneficiario.

Un trabajador del Parlamento de Navarra retira el cuadro de Juan Carlos I por las presuntas comisiones cobradas del AVE a la Meca (Fuente : El Correo)

Más reciente es el caso de las tarjetas opacas no declaradas a Hacienda. Existen indicios que apuntan a un supuesto uso de fondos puestos a su disposición por Alles Sanginés-Krause, empresario mexicano, con los que Juan Carlos realizó gastos personales y de otros miembros de la Familia Real entre 2016 y 2018 .Y no solo eso. Con el objetivo de borrar cualquier vínculo con el dinero ofrecido por el empresario, utilizó a un Coronel del Ejército del Aire en la reserva como testaferro. Dos son los delitos que podrían afectarle si las investigaciones fueran concluyentes. En primer lugar, un delito por fraude fiscal al superar el límite establecido de 120.000 euros anuales. En segundo lugar, un delito por blanqueo de capitales en el caso de que se confirme que un tercero prestó su nombre para borrar sus rastros.

 

“Toda la ejemplaridad que el Rey predicó está desmoronándose”

Juan Carlos I fue un personaje tan emblemático como necesario para la Transición democrática en España. Al rechazar el poder absoluto que le otorgaba la Ley de Sucesión, una de las siete Leyes Fundamentales de Franco, dió uno de los primeros pasos que llevarían más tarde a la ruptura con los valores del régimen franquista. Es por ello que una gran parte de la población le tiene en gran estima.

Sin embargo, los informes fiscales en los que está involucrado son numerosos, demasiados para un antiguo monarca que hacía alusión repetidamente en sus mensajes de Nochebuena a la importancia de “reforzar la supervisión y la transparencia en el sector financiero” (2008), a la necesidad de cumplir con los “deberes inexcusables de ejemplaridad para quienes tienen responsabilidades públicas” (1994), y de castigar duramente la corrupción. Como bien apunta Carmen Enríquez, escritora y periodista especializada en la Casa Real, la ejemplaridad que predicaba está desmoronándose.

Un debate más candente que nunca

El enriquecimiento de la Familia Real mediante fuentes cuestionables nutre el argumento de aquellos favorables a la República y a la derogación de la monarquía. A ello se suman una serie de episodios anteriores, como la foto de la cacería en Botsuana en 2011 o la reciente huida a Emiratos Árabes Unidos, que alimentan el presente debate sobre la necesidad de un referéndum que dictamine la forma del Estado según el criterio de los españoles.Los movimientos republicanos han obtenido precisamente sus mejores argumentos de las actuaciones (y escándalos) de la Familia real.

Fuente: Electomania.com

¿Justifican estos actos el replanteamiento del modelo de la Jefatura del Estado? Si bien es difícil de determinar, el actual Rey Felipe VI, ya ha manifestado la voluntad de desvincularse de antiguos negocios opacos que persiguen hoy a su padre. Para ello, renunció a la herencia y le retiró su asignación anual. (En realidad, ese dinero fue a parar al fondo de la Casa Real destinado a atender los imprevistos de la Jefatura del Estado). Esta demarcación puede asimilarse, en menor medida, a aquella realizada por la Casa Real con Iñaki Urdangarin, marido de Cristina de Borbón y condenado por el caso Nóos. Es en cierta forma, una manera de no desacreditar la imagen de la monarquía.

Otro punto de análisis pertinente sería el que lleva a cuestionar la eficacia de las instituciones que se encargan del control de la transparencia. En este sentido, Alberto Garzón, Ministro de Consumo, opinó lo siguiente :“si el Rey hizo esto es porque hay instituciones que lo permiten”. Cabe señalar que los miembros de la Familia Real no están sujetos a la ley de Transparencia, y por lo tanto no están obligados a hacer público su patrimonio personal.

Con independencia de la predilección de cada uno, la actualización, regulación y mejora de la transparencia de la Familia Real sería un buen punto de partida para evitar el desgaste de la monarquía. Concluir que su futuro depende de ello sería ir demasiado rápido. No obstante, apoyar una institución opaca no es tarea fácil.

 

Ana Girón Esquerdo

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